¿En qué consiste?
La custodia del territorio es una fórmula de actuación a través de la que propietarios y usuarios del territorio se implican en la conservación y en el uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Las entidades que practican la custodia del territorio son organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que llevan a cabo iniciativas que incluyen la realización de acuerdos de custodia para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Los tipos de acuerdos pueden ser muy diversos. Abarcan desde un pacto entre el propietario y la entidad de custodia para gestionar una determinada finca con criterios sustentables a cambio de asesoramiento, hasta la venta de la propia parcela para que la entidad de custodia la destine exclusivamente a la conservación del hábitat natural. En otros casos son acuerdos para limitar la explotación, como sucede con las reservas marinas en las que los pescadores deciden acotar determinadas zonas, o para mantener las construcciones de interés etnográfico o monumental.
La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla la custodia del territorio como un recurso legal que permite la protección efectiva del patrimonio, bien natural o cultural. Aunque esta ley data de 2007, las numerosas experiencias en el Estado español, y la larga trayectoria de décadas en determinados países europeos, demuestran su efectividad.
Sin embargo, en Galicia son pocas las experiencias de custodia del territorio en el campo ambiental. Entre ellas destaca claramente una iniciativa orensana, Ridimoas, pues tiene una dimensión, continuidad y eficacia ejemplar. La adquisición progresiva de fincas en la comarca del Ribeiro —en el año 2013 totalizaban cerca de 300 hectáreas—, les permite proteger el bosque de ribera y la fauna asociada con gran efectividad.
Un poco de historia
Los orígenes de este instrumento de conservación se sitúan en el año 1890 en los Estados Unidos, con la creación de The Trustees of Reservations. Cinco años después aparece en Europa la primera entidad, con la fundación de The National Trust en el Reino Unido. Otro referente importante es Natuurmonumenten, en los Países Bajos, fundada en 1905. La custodia se consolida en Europa a partir de los años 70 con nuevas iniciativas como el programa Oasi del WWF-Italia o el Conservatoire du Littoral en Francia.
La estadounidense The Nature Conservancy es actualmente la entidad más grande del mundo. Nació en el año 1951 y actualmente gestiona 48 millones de hectáreas de tierra y 8.000 km de ríos en más de 35 países. Tiene un millón de miembros, y emplea a más de 700 científicos.
Ya en Europa, el británico The National Trust protege más de 1.200 km de costa, más de 247.000 hectáreas de campiña, 76 reservas naturales, más de 5.000 monumentos prehistóricos, 40 castillos y 12 faros, entre otros lugares. Fundada en 1895 por tres filántropos, en los últimos 30 años se multiplicó por 15 el número de socios, alcanzando actualmente la asombrosa cifra de 4 millones de miembros. El extraordinario volumen de actividad no se podría acometer sin los 60.000 voluntarios con los que cuentan.
La también británica Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) cuenta con 200 reservas naturales en el Reino Unido. La primera reserva que adquirió fué en 1930, cuando la entidad ya tenía 40 años de vida. Actualmente, entre propiedades y convenios, gestiona 131.127 hectáreas. Casi el 4% de las tierras declaradas como lugares de especial interés científico (SSSI) en el Reino Unido están en reservas de la RSPB. En los últimos tres años, 15 especies nuevas para el Reino Unido fueron localizadas en sus reservas, entre ellas una totalmente nueva para la ciencia. Más de 1,5 millones de personas las visitan anualmente. Emplean a 547 personas y cuentan con la colaboración de 3.186 voluntarios, que trabajan anualmente el equivalente de 132 personas contratadas a tiempo completo.
La custodia del territorio en España
Félix Rodríguez de la Fuente, como presidente de WWF/ADENA, fue pionero en España en implantar este tipo de experiencias al crear en 1974 el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia), gracias a los acuerdos de gestión alcanzados con las entidades locales. Las siguientes iniciativas serían la del GOB Mallorca, que adquirió la finca La Trapa en 1980 para dedicarla a reserva natural, y la de ADENEX, que en el mismo año inicia la creación de una red de reservas mediante acuerdos con los propietarios de las fincas. Con la intención de comprar bosque ribereño para restaurarlo y conservarlo, se funda Ridimoas en 1988. Habrá que esperar a los años 90 para que despegue la custodia del territorio en España.
Para tener una visión de lo que es actualmente la custodia del territorio en el Estado español, como primera referencia se puede acudir a la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En la actualidad existen redes de custodia del territorio en Cataluña (Xarxa de Custòdia del Territori), en Valencia (Avinença, Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori), en Baleares (ICTIB, Impulsors de la Custòdia del Territori a les Illes Balears), en el centro peninsular (Red de Custodia de Castilla y León y la Red de Custodia del Territorio de Madrid y Castilla-La Mancha), en el Cantábrico (Red Transcantábrica de Custodia del Territorio), Aragón (Red Aragonesa de Custodia del Territorio) y Andalucía (Ínsulas, Red Andaluza de Custodia y Gestión del Territorio). Galicia registró la suya en 2015, con el nombre de Rede Galega de Entidades de Custodia do Territorio, aunque ya llevaba varios años actuando como agrupación de entidades, siendo Fragas do Mandeo uno de sus miembros fundadores. Por último, tras varios años de actividad, el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio formalizó su constitución a finales de 2011 con el objeto de coordinar las redes autonómicas.
En España hay actualmente 2.686 acuerdos de custodia realizados por 216 entidades, superándose la cifra de 550.987 hectáreas protegidas, según el inventario efectuado por la Fundación Biodiversidad en el año 2015. El número de iniciativas dentro del Estado varía notablemente de unas a otras comunidades autónomas, destacando Cataluña con 796, Andalucía con 465 y Murcia con 300.
Del mismo modo, la intensidad de la iniciativa puede variar mucho. En el caso de la Fundación Global Nature, la red de reservas biológicas privadas concertadas alcanza una extensión de más de 9.000 hectáreas repartidas en 157 propiedades y 7 comunidades autónomas, siendo la recuperación de la laguna de La Nava en Palencia una de las actuaciones más conocidas. La Fundació Territori i Paisatje de la Obra Social de Caixa Catalunya (actualmente Fundació Catalunya-La Pedrera) llegó a comprar más de 8.000 hectáreas y a través de convenios custodiaron otras 140.000, abarcando el 4,5 % del territorio catalán. La madrileña Fundación CBD-Hábitat tiene acuerdos con propietarios de grandes fincas, superando las 82.000 hectáreas de superficie, con el objetivo de proteger especies ibéricas amenazadas tan emblemáticas como el lince o el águila imperial.
Galicia echa a andar
A partir del año 2008, la sociedad gallega incrementó significativamente su interés por la custodia del territorio. Varias entidades ambientales están dando los primeros pasos, analizando las posibilidades reales de actuar en el medio natural y de responsabilizarse directamente de su conservación. En otros casos, la custodia del territorio es simplemente la evolución lógica de las actividades que ya venían realizando. En las jornadas y congresos que están organizando exponen sus avances y comparten sus experiencias, cooperando y creando sinergias que poco a poco van dando frutos.
La aprobación en el año 2011 de la Lei de mobilidade de terras significó un hito, por ser el primer acercamiento de la legislación gallega a la custodia del territorio. Este instrumento jurídico figura en ella al mismo nivel que otras actividades de interés público, facilitando el acceso de las entidades de custodia a las fincas gestionadas por el Banco de Terras de Galicia, organismo dependiente de la Xunta de Galicia.
Más información
En el manual Custodia del territorio en la práctica, editado por la Xarxa de Custòdia del Territori y la Fundación Territori i Paisatje de la Obra Social de Caixa Catalunya, puede encontrarse amplia información sobre los principios fundamentales, el marco jurídico y la aplicación práctica de la custodia.
En el documento Custodia del territorio. Un modelo de gestión dentro de Red Natura 2000, de Laura Donada y Maya Ormazábal, se expone un exhaustivo análisis de la custodia del territorio como instrumento de gestión de la Red Natura 2000.
Las Conclusiones de las IV jornadas estatales de custodia del territorio recogen lo debatido en la última edición de este congreso bianual celebrado en Asturias en el mes de mayo de 2010.
En Estudio jurídico sobre la custodia del territorio, dirigido por Ana Barreiro López para la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad, se analiza el marco jurídico y los incentivos de la custodia del territorio en España, con referencias a países como EE.UU., Reino Unido y Francia.
La Fundación Biodiversidad publicó en febrero de 2016 el Informe del 4º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado español, donde se recoge detallada información estadística sobre el grado de avance de la custodia.
Financiado mediante un proyecto Life, Caring together for nature. Manual on land stewardship as a tool to promote social involvement with the natural environment in Europe hace una completa revisión de la custodia del territorio en Europa, su papel en la conservación, la forma de trabajar y los modos de implicar a los distintos actores, con numerosos casos de éxito que sirven de ejemplo. También puede descargarse una versión más breve traducida al castellano con el título Conservar la naturaleza entre todos.
El artículo de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que hace referencia a los acuerdos de custodia de fincas de titularidad estatal situados en los espacios naturales aparece modificado en la Ley 25/2009, en la que se establecen los principios para seleccionar las entidades de custodia, limitar la duración de los acuerdos e impedir su renovación automática.
